España, y la Unión Europea, quieren que para 2050 los combustibles fósiles como el carbón y el petróleo pasen de ser minerales de los que se extrae energía a piezas de exhibición en los museos.

El reto es grande porque consiste, ni más ni menos, en cambiar de arriba a abajo el sistema de producción que ha sostenido las economías mundiales durante prácticamente dos siglos.

Si queremos (y debemos) reducir nuestras emisiones contaminantes tenemos que ser más eficientes, ahorrar energía y dotarnos de instrumentos que den flexibilidad, transparencia y seguridad a todo el proceso.

Como sabéis que me interesa todo lo que sea ahorro de energía, eficiencia y novedades en la transición histórica en la que estamos, hoy quiero contaros un poco sobre un instrumento interesante que se implementará en nuestro país muy pronto:  los Certificados de Ahorro Energético.

 

A grandes, retos grandes planes

Hace ya unos años, en 2012, la Directiva de Eficiencia Energética de la Unión Europea estableció la obligación de ahorro de energía para todos los Estados miembros.

Y ese fue un documento importante, porque identificaba con claridad cómo Europa se enfrentaba a retos sin precedentes por la necesidad de limitar el cambio climático (apuntando también, todo hay que decirlo, a la dependencia europea de las importaciones de energía y la escasez de recursos energéticos, algo que en España conocemos muy bien).

La UE no solo hacía un diagnóstico certero, sino que también señalaba la eficiencia energética como un medio valioso para superar esos retos.

Casi 10 años después, ese diagnóstico y la llamada a trabajar en la eficiencia y el ahorro energéticos de nuestras economías siguen muy vigentes, y están en línea con el Acuerdo de París y los objetivos de la Unión Europea, que apunta a conseguir antes de 2030:

  • 32,5% de mejora de la eficiencia energética.
  • 40% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero respecto a 1990.
  • 32% de uso de energías renovables sobre el consumo total de energía final bruta.
  • 15% de interconexión eléctrica de los Estados miembros.

Un instrumento para contribuir a alcanzar estos objetivos son las obligaciones de ahorro de energía, que fijan cuánto se comprometen a ahorrar en energía los países de la Unión, y establecen que los agentes del sector energético (como las comercializadoras de gas y electricidad o las operadoras de petróleo) puedan aportar dinero y financiar proyectos que conlleven ahorros.

 

Ahora, España está dando un paso más en el compromiso de nuestro país con las directivas europeas en materia medioambiental y energética, y se van a introducir los Certificados de Ahorro Energético, los CAEs.

¿Por qué importan? Porque van a permitir que los agentes del sector energético puedan sustituir, o complementar, sus aportes financieros directos al sistema de obligaciones de eficiencia energética por certificados de ahorro en proyectos que incentiven la adopción de medidas de ahorro y eficiencia energética.

Ahora bien, ¿cómo se cuantifica ese ahorro? ¿Cómo se estructura el sistema para que tenga seguridad y certidumbre?

Esas preguntas y otras son cuestiones abiertas.

Y tenemos una consulta pública para responderlas.

 

La consulta pública sobre los CAEs

Los CAEs se expedirán a las empresas que cumplan con los ahorros de energía final, y serán un nuevo instrumento de flexibilidad, transparencia y seguridad para las empresas y el conjunto de la economía.

Antes de la redacción del Real Decreto en el que se fijarán las características y alcance de los CAEs, y en línea con la democratización de la transición ecológica y energética, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico ha abierto una consulta pública.

El objetivo es conocer la opinión y aportes de los diferentes actores sociales y económicos, especialmente del sector empresarial, sobre el alcance y la implementación de los CAEs.

Y la participación es importante porque, también en el desarrollo de instrumentos como los CAEs la transición energética es, acaso como el que más, un proyecto colectivo.

La consulta previa se articula en torno a siete preguntas, incluyendo las ventajas y desventajas de un mecanismo de acreditación como los CAEs, el porcentaje de obligación anual de ahorro de energía que debería quedar acreditado en los mismos, las potenciales barreras regulatorias o económicas, o una estimación del ahorro de energía final derivada de la implantación de los CAEs, entre otras.

Esta consulta es pública y abierta, y está disponible a través de este enlace hasta el 12 de febrero.

Es, sin duda, un momento clave para que el sector empresarial aporte toda su experiencia y para que así, gracias a la cooperación y coordinación entre el sector público y el privado, continuemos desarrollando y mejorando el edificio de la transición energética y construyendo una economía sostenible.

¡Hasta la próxima semana!